La conversación que revela por qué no se frenó el desahucio de Maricarmen: "No nos fiamos del Sindicato de Inquilinas"

El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada de la vivienda en la que vivía desde 1956, se intentó frenar hasta el último momento. Una exclusiva de elDiario.es ha revelado ahora parte de las comunicaciones mantenidas entre Casa 47, entidad pública dependiente del Ministerio de Vivienda, y la representación legal de Urbagestión, propietaria del inmueble. Según esta información, la presidenta de Casa 47, Maribel Ramos, mantuvo durante meses conversaciones con la abogada de la empresa para intentar alcanzar un acuerdo que permitiera a Maricarmen permanecer en su vivienda. Entre las alternativas planteadas estuvo incluso la compra del inmueble por parte de Casa 47 para incorporarlo al parque público de vivienda, una posibilidad que fue rechazada por la propiedad. La entidad pública también planteó una negociación sobre el alquiler. La propuesta contemplaba que Maricarmen mantuviera el pago de 500 euros y que se completara la cantidad mediante un complemento de renta pública, mientras que a la propiedad se le ofrecía inicialmente una renta de 1.000 euros mensuales, abierta a una posible negociación posterior. Una de las conversaciones mantenidas durante el proceso refleja las dificultades para alcanzar ese acuerdo. A pocos días del desahucio, Maribel Ramos reclamó una respuesta a la representante legal de Urbagestión: "No os lo estáis tomando en serio y estamos a pocos días del desahucio. Si vuestra respuesta es que no, decidlo y tomamos otras medidas". La abogada de Urbagestión respondió entonces: "No nos fiamos del Sindicato de Inquilinas. ¿Quién le paga a mis clientes ahora el daño reputacional? No son ningún fondo buitre, son una pequeña empresa familiar". Ramos contestó: "Serán una pequeña empresa familiar, pero se están comportando como buitres", según la conversación reproducida por elDiario.es. La negociación continuó pese a ese enfrentamiento. El martes 22 de septiembre, la presidenta de Casa 47 volvió a contactar con la abogada de la empresa para trasladarle una nueva propuesta: una donante anónima estaba dispuesta a pagar los 2.600 euros de alquiler que exigía Urbagestión y que Maricarmen no podía asumir con una pensión de unos 1.400 euros. La comunicación tampoco obtuvo respuesta, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es. Al día siguiente, justo antes de que se ejecutara el desahucio, la abogada de Maricarmen pidió un aplazamiento para disponer de tiempo para buscar una alternativa para su clienta. Primero solicitó 15 días y después una semana, pero ambas peticiones fueron rechazadas. Finalmente, a las 13.05 horas del 23 de septiembre, un cerrajero abrió la puerta de la vivienda y se ejecutó el desahucio. Maricarmen fue trasladada posteriormente al hospital Gregorio Marañón, donde permaneció ingresada.