Niño Becerra, economista, crítico con la subida del 150% del IBI a los pisos turísticos en Barcelona: “no va a disuadir a los tenedores”

El debate alrededor de la fiscalidad y el acceso a la vivienda ha sumado una nueva voz crítica tras la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de incrementar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas de uso turístico. El catedrático de Economía Santiago Niño Becerra se ha mostrado muy escéptico respecto al impacto real de esta medida sobre la oferta inmobiliaria y la desincentivación de dicha actividad económica en la capital catalana. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el experto ha valorado la decisión municipal señalando que, si la iniciativa responde únicamente a fines de recaudación pública, puede tener sentido para las arcas de la ciudad. Sin embargo, ha rechazado rotundamente que suponga un freno efectivo para los propietarios. En palabras del propio economista: “Si se hace por cuestiones recaudatorias, pues vale; pero este incremento fiscal no va a disuadir a los tenedores de viviendas turísticas: trasladarán el importe a los clientes, y punto”. La postura de Niño Becerra llega después de que la comisión de Economía del consistorio barcelonés diera luz verde al dictamen promovido por el gobierno local. La norma contempla una subida del 50% del IBI a los propietarios que poseen una sola licencia, un aumento del 100% para quienes gestionan entre dos y tres inmuebles, y el tipo máximo del 150% para los titulares de más de tres pisos turísticos, colectivo que agrupa alrededor del 60% de la oferta en la ciudad. Desde el equipo de gobierno municipal defienden el uso de todas las herramientas normativas y fiscales para encarecer esta actividad e intentar desincentivar la concentración de licencias turísticas antes de su caducidad prevista. No obstante, el análisis de Niño Becerra coincide con las advertencias del sector, que señala que en un mercado con alta demanda los costes regulatorios adicionales rara vez reducen la actividad, sino que suelen repercutir de forma directa en la tarifa final de los huéspedes, diluyendo así el objetivo disuasorio de la política fiscal.