Abren un proceso penal contra los padres de una joven trans que se suicidó por enterrarla con el nombre anterior a su transición

La Justicia ha abierto un proceso penal para investigar un posible delito de odio cometido contra la memoria de Daniela, una joven trans que se suicidó en 2022, a los 21 años. La sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda tiene previsto iniciar este mes de septiembre las primeras diligencias de investigación contra los padres de la joven, después de que decidieran enterrarla en un panteón familiar de Aspe utilizando el nombre que tenía antes de su transición y una fotografía anterior a la misma. El caso fue puesto en conocimiento de Euforia Familias Trans Aliadas por varias amigas de Daniela, que emprendieron junto a la asociación un largo proceso para defender su identidad y preservar su memoria. La joven había conseguido cambiar legalmente su nombre en el Registro Civil en marzo de 2021, después de años de dificultades y enfrentamientos familiares. "Fue enterrada con un nombre y una imagen que ya no eran suyos con la finalidad de borrar su identidad como persona", sostiene Saúl Castro, abogado de Euforia y responsable de la denuncia. El procedimiento cuenta además con el respaldo de la Fiscalía de Delitos de Odio de Alicante y podría convertirse en un caso pionero en España. Según Saúl Castro, por primera vez los tribunales plantean que el derecho al honor y la protección de la dignidad puedan aplicarse cuando la persona que habría sufrido la vulneración ya ha fallecido. "Es el primer caso en España en el que se plantea que el derecho al honor y la protección de la dignidad también se aplica en aquellos casos en los que el sujeto pasivo del delito no está vivo", explica el letrado. A su juicio, el procedimiento abre una nueva perspectiva sobre el derecho a la memoria y podría resultar especialmente relevante para personas trans que hayan sufrido el rechazo de sus familias y cuyos allegados pretendan negar su identidad incluso después de su muerte. La vía penal llega después de cuatro años de trámites y recursos administrativos. La asociación comenzó reclamando ante el Ayuntamiento de Aspe y posteriormente acudió a la Generalitat Valenciana después de denunciar los hechos ante la Dirección General de la Conselleria de Igualdad. Según explica Saúl Castro, la Generalitat rechazó inicialmente investigar el caso y aplicar el régimen sancionador previsto en la legislación trans valenciana. "La Generalitat nos dijo que no iban a aplicar la ley trans, a pesar de que la ley trans valenciana les atribuía competencias para aplicar el régimen sancionador", señala. Ante esta negativa, Euforia recurrió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El alto tribunal dictó a finales del año pasado una sentencia favorable a la asociación, al considerar que los hechos denunciados podían ser constitutivos de una infracción administrativa y que debía abrirse una investigación. Ahora, la apertura de la vía penal supone un nuevo paso en la batalla para preservar la identidad de Daniela y determinar si la actuación de sus padres pudo constituir un delito de odio. La historia de Daniela comenzó en Chile, donde nació en septiembre de 2000. Fue adoptada posteriormente por una familia de ideología ultracatólica de Cantabria. Desde niña comenzó a expresar que no se identificaba con el género que se le había asignado al nacer y compartió esos sentimientos con sus padres, pero, según la información aportada por la asociación, no recibió su apoyo y fue obligada a someterse a las denominadas terapias de conversión. Los continuos conflictos con su familia terminaron provocando su salida del entorno familiar. Al alcanzar la mayoría de edad, Daniela pasó a estar tutelada por la Administración cántabra y posteriormente se trasladó a Madrid para alejarse de su entorno. En marzo de 2021 formalizó el cambio de nombre en el Registro Civil y comenzó su proceso de transición con el respaldo de sus amigas. Sin embargo, la falta de recursos económicos y de apoyo familiar, unida a graves problemas psicológicos, agravó su situación hasta que en 2022 acabó con su vida. Cuatro años después de su muerte, su entorno continúa luchando para que Daniela sea reconocida y recordada como la mujer que fue. El procedimiento judicial abierto ahora en Alicante pretende determinar no solo si existió una conducta constitutiva de delito, sino también hasta dónde llega la protección de la identidad, el honor y la dignidad de una persona trans después de su fallecimiento.