Expulsado del Ejército un militar de Córdoba por sus reiteradas faltas de disciplina y mala conducta

Un militar destinado en la base de Cerro Muriano, en Córdoba, ha quedado fuera de las Fuerzas Armadas después de que la Justicia respaldara la decisión de no renovar su compromiso con el Ejército de Tierra. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso presentado por el soldado y ha avalado la resolución de Defensa, que consideró que no reunía las condiciones necesarias para continuar en el servicio. El hombre ingresó en el Ejército en agosto de 2020 y solicitó la renovación de su contrato inicial de dos años en febrero de 2022. Sin embargo, sus superiores rechazaron la petición tras analizar los informes de evaluación, que reflejaban problemas de disciplina, falta de implicación en las tareas y una actitud inadecuada en el desempeño de sus funciones. Uno de los elementos determinantes del expediente fue su informe de evaluación personal, en el que obtuvo la nota más baja en seis aspectos fundamentales: carácter, relaciones personales, actitud ante el servicio, trabajo en equipo, trato con los superiores y prestigio. La valoración negativa fue respaldada por unanimidad por los tres integrantes de la junta encargada de examinar su continuidad. A estas calificaciones se sumaron cuatro sanciones leves, que incluyeron reprensiones y multas por incumplimientos relacionados con las órdenes recibidas, el aseo personal, la uniformidad reglamentaria, la impuntualidad y el abandono temporal de actos de servicio. Los informes también recogían que el militar no comunicaba algunas de sus ausencias, dejaba tareas sin terminar y no colaboraba adecuadamente con sus compañeros. Además, en otoño de 2021 manifestó que no se encontraba en condiciones de participar durante seis meses en una misión internacional de paz en Líbano y expresó su preferencia por permanecer en Córdoba. El soldado recurrió la decisión alegando que disponía de informes médicos favorables, había superado las pruebas físicas y no tenía antecedentes penales. No obstante, el tribunal concluyó que cumplir esos requisitos no garantizaba automáticamente la renovación del compromiso militar. La sentencia considera que las deficiencias acreditadas en el expediente justifican la decisión administrativa y confirma la salida definitiva del soldado de las Fuerzas Armadas. Asimismo, le impone las costas judiciales, con un límite máximo de 300 euros más IVA.