Ricardo Alonso, propietario de Urbagestión, rompe su silencio y revela los entresijos del acuerdo con Maricarmen: "Como inquilina de renta antigua se le ofreció un derecho de adquisición preferente”

Urbagestión ha salido al paso de la polémica generada por el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que tuvo que abandonar el pasado 23 de septiembre la vivienda en la que había residido durante décadas. Su propietario, Ricardo Alonso, ha defendido públicamente la actuación de la compañía y ha explicado en ‘Horizonte’ de Cuatro cuál fue su posición durante el conflicto. Según Alonso, la empresa, que se fundo en Valladolid en 2018, actuó en todo momento amparada por las decisiones de los tribunales. El responsable de Urbagestión sostiene que el problema no surgió de una decisión repentina de la compañía, sino de un procedimiento que se prolongó durante años y que terminó determinando que Maricarmen no contaba con título suficiente para continuar ocupando el inmueble. Y es que, según ha relatado Ricardo Alonso, a Maricarmen se le ha ofrecido “un derecho de adquisición preferente como a cualquier inquilino de renta antigua”. Sin embargo, asegura que “se renunció por su parte”, por lo que pidieron “que no tenía el título para seguir estando en la vivienda”. “Iniciamos un procedimiento que nos acabó dando la razón, porque hubo un recurso de apelación y de casación ante el Tribunal Supremo. No pensamos que iba a ocurrir esto, porque hay situaciones de este tipo continuamente", ha explicado. El propietario ha insistido en que Urbagestión no decidió por su cuenta cuándo debía producirse el lanzamiento. Según su relato, fueron las resoluciones judiciales las que marcaron el desarrollo del procedimiento después de los diferentes recursos presentados por las partes. La empresa, además, asegura haber recibido una fuerte presión tras hacerse público el caso. Alonso afirmó durante su intervención televisiva que tanto él como la compañía fueron objeto de amenazas, una situación que, según explicó, llegó a afectar a su actividad y llevó a solicitar medidas de protección. El empresario ha señalado como uno de los ataques más graves que han recibido, la recepción de una caja llena de cucarachas en sus instalaciones. Ocurrió el viernes anterior, al recibir un bulto identificado con el aviso de "animales vivos" que albergaba un recipiente con los insectos. Para el afectado, este gesto representa un paso más en la campaña de presión iniciada a raíz de que el expediente de Maricarmen adquiriera proyección pública como reflejo de la crisis residencial madrileña. La posición de Urbagestión ha sido reivindicar que detrás del caso existe una cuestión jurídica relacionada con la titularidad y el derecho de ocupación de la vivienda, más allá de la repercusión social que adquirió el desahucio por la edad de la inquilina. "Pactar en el último momento sería un signo de debilidad y una desconsideración hacia los jueces que protegen. Hay un sistema judicial en el cual hay que confiar. Es el último baluarte y hay que protegerlo a toda costa, porque eso nos garantiza que seguimos en un Estado de Derecho", ha sentenciado en ‘Horizonte’. Sin embargo, después del lanzamiento, la compañía modificó el escenario y abrió conversaciones con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid. Alonso explicó que Urbagestión contactó con la entidad pública al día siguiente del desalojo con el objetivo de encontrar una solución. De esas conversaciones surgió una propuesta de alquiler de unos 500 euros mensuales. La empresa sostiene así que, pese a haber defendido el procedimiento judicial, también ha participado posteriormente en la búsqueda de una alternativa para Maricarmen. El acuerdo queda ahora pendiente de su formalización y de la decisión de la inquilina.