Urbagestión se atrinchera tras el desahucio de Maricarmen: niega las ofertas que podían haber salvado su casa

Urbagestión ha decidido contraatacar. Después del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, la empresa propietaria de su vivienda ha difundido un comunicado en el que defiende su actuación, cuestiona las iniciativas para evitar la pérdida del piso y carga con dureza contra el Sindicato de Inquilinas. La inmobiliaria insiste en que el contrato de Maricarmen había terminado y que la anciana no tenía derecho a una segunda subrogación. Según su relato, la mujer pudo permanecer en la vivienda durante un tiempo porque la propiedad permitió esa situación de manera tolerada. Pero el punto más controvertido de su versión tiene que ver con las alternativas que se plantearon para que Maricarmen pudiera conservar su casa. Urbagestión asegura que nunca recibió una oferta de compra del inmueble, ni por parte de Casa 47 ni del Ministerio de Vivienda. Una afirmación que entra en contradicción con las propuestas que se han dado a conocer durante el conflicto. El Ministerio de Vivienda habría planteado adquirir la vivienda, mientras que una escritora anónima también habría mostrado su disposición a comprarla. El pianista James Rhodes llegó incluso a ofrecerse públicamente para comprar el piso por encima de su valor de mercado o asumir el alquiler de Maricarmen durante toda su vida. Urbagestión sostiene que ninguna de esas iniciativas llegó a convertirse en una oferta formal por escrito. La compañía niega, por tanto, que rechazara una propuesta concreta para vender la vivienda y asegura que tampoco llegó a existir una mediación efectiva por parte de Casa 47. La empresa también rechaza que su intención fuera elevar el alquiler de Maricarmen. Según explica, hace tres años la abogada de la inquilina solicitó por escrito conocer cuánto costaría un eventual nuevo arrendamiento. La respuesta de la propiedad, siempre según Urbagestión, fue que podía estudiarse una renta bonificada entre un 40% y un 50% inferior al precio de mercado, atendiendo a las circunstancias de la inquilina. Un argumento con el que la compañía pretende responder a quienes han denunciado que la situación de Maricarmen estuvo vinculada a un conflicto económico por el precio de la vivienda. Lejos de limitarse a explicar su posición, Urbagestión dedica parte de su comunicado a señalar directamente al Sindicato de Inquilinas. La empresa acusa a la organización de ejercer "presiones, descalificaciones intencionadas y coacciones desproporcionadas e injustificadas". A juicio de la inmobiliaria, ese clima habría hecho imposible alcanzar un acuerdo entre las partes. La compañía lamenta la situación personal de Maricarmen, pero denuncia al mismo tiempo lo que califica de "uso espurio y político del caso". Urbagestión también reivindica que su perfil dista del de un gran propietario. "No es un fondo de inversión, sino una pequeña empresa madrileña", sostiene. La compañía afirma que el piso de Maricarmen es la única vivienda de su propiedad. El comunicado deja así dos relatos enfrentados. Por un lado, Urbagestión defiende que actuó conforme a la situación contractual de Maricarmen, que no recibió ninguna oferta formal de compra y que fueron las presiones externas las que dificultaron cualquier acuerdo. Por otro, las iniciativas conocidas durante el conflicto apuntan a que sí hubo distintos intentos de encontrar una salida mediante la compra del inmueble o el pago de su alquiler, aunque la inmobiliaria niega que llegaran a constituir ofertas formales. La controversia, por tanto, no termina con el desahucio. Ahora se centra también en qué propuestas llegaron realmente a Urbagestión, en qué términos fueron planteadas y por qué ninguna de ellas permitió que Maricarmen conservara su casa.