Ayuntamiento y Ministerio de Vivienda se acusan mutuamente por el desahucio de Maricarmen: "El Ministerio miente"

El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que ha vivido 70 años en su casa del distrito madrileño de Retiro, ha provocado un enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Vivienda. El lanzamiento se ejecutó este miércoles, después de varios intentos y pese a las peticiones para buscar una solución. El Ministerio, dirigido por Isabel Rodríguez, reclamó al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que intervinieran y cuestionó que el Consistorio hubiera acreditado la situación de vulnerabilidad de la anciana. También respaldó el requerimiento de Naciones Unidas para suspender cautelarmente el desalojo y aseguró haber intentado mediar con la propiedad. Así mismo, Rodríguez ha confirmado esta mañana de miércoles, 23 de septiembre, en el Congreso que se pusieron en contacto con la empresa propietaria de esta casa “para hacerles entender que por encima de su interés económico está el carácter social de esta vivienda y la vida de Maricarmen”. La respuesta municipal fue tajante. Fuentes del Ayuntamiento acusaron al Ministerio de faltar a la verdad: "El Ministerio de Vivienda miente". Según el Consistorio, los servicios sociales emitieron el informe de vulnerabilidad en octubre de 2025, a petición del juzgado, y mantienen desde entonces un seguimiento de Maricarmen. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, insistió en esa versión y pidió a la ministra que "no mienta" ni genere "enfrentamientos inútiles". El Ayuntamiento sostiene que ofreció a la mujer recursos de alojamiento anteriormente, pero que ella rechazó las plazas propuestas. Entre las prestaciones municipales figuran también ayuda a domicilio. El conflicto incluye otra discrepancia: el Ayuntamiento afirma haber ofrecido alternativas asistenciales, mientras que Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas sostienen que las opciones no constituían una solución. El colectivo denunció que una de las propuestas era una residencia privada de más de 1.200 euros mensuales, una cantidad difícil de asumir con su pensión. Mientras las administraciones intercambiaban reproches, el Ministerio defendía que el Gobierno había trabajado para encontrar una salida y señalaba que la propiedad rechazó negociar. El Ejecutivo también ha planteado un decreto para casos de personas vulnerables. Por su parte, Mónica García, ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, insta al PSOE a llevar el Real Decreto Ley de Vivienda al próximo Consejo de Ministros “sí o sí” porque el partido socialista “no puede seguir dilatándolo más, ni PP, Junts y Vox pueden volver a votar en contra”, ha escrito en su perfil de X. Finalmente, Maricarmen fue desalojada y trasladada en camilla al Hospital Gregorio Marañón. El Ayuntamiento anunció que Samur Social le ofrecería un recurso habitacional de emergencia tras el lanzamiento.