Gonzalo Bernardos, economista, critica la falta de protección ante los desahucios: "Los hogares y las empresas no deberían asumir dicha protección social"

El economista Gonzalo Bernardos ha criticado la escasez de vivienda pública en España y ha reclamado a las administraciones que asuman la protección de las personas más vulnerables ante situaciones como los desahucios. Lo ha hecho a través de una serie de publicaciones en X en las que denuncia la falta de recursos habitacionales y cuestiona la actuación de los responsables políticos. "Una sociedad civilizada debe proteger a los más débiles, especialmente a los menores de edad y a los ancianos, y disponer de las viviendas sociales necesarias para convertir un desahucio en un traslado", comienza Bernardos en su mensaje. El profesor de Economía considera que esta responsabilidad no debería recaer sobre los hogares ni las empresas, sino sobre las administraciones públicas, a las que los ciudadanos financian mediante sus impuestos. "Los hogares y las empresas no deberían estar obligados a asumir dicha protección social, pues ambos pagamos impuestos para que la haga la Administración", sostiene. En su crítica, Bernardos también apunta directamente a los responsables políticos. "No obstante, nuestros políticos incumplen el mandato que les hemos dado los ciudadanos", afirma antes de poner el foco en las cifras del parque público de viviendas. El economista utiliza los datos de 2025 para ilustrar la dimensión del problema. Según las cifras que recoge en sus publicaciones y en su artículo de opinión, España contaba ese año con 318.000 viviendas públicas, una cantidad que representaba el 1,2% del parque total de viviendas y el 1,6% del número de hogares. "En 2025, solo teníamos 318.000 pisos públicos, que únicamente suponían el 1,2% del parque total de viviendas del país y el 1,6 del número de hogares. Sin duda, una gran vergüenza", escribe. Las cifras forman parte del artículo que Bernardos ha publicado en su página web, titulado 'El caso Maricarmen: lo que no te han explicado'. En él analiza las circunstancias del desahucio de María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, y reflexiona sobre el papel de las administraciones públicas en la protección de las personas con dificultades para acceder a una vivienda. La reflexión del economista parte de una idea central: disponer de un parque público de viviendas suficiente permitiría ofrecer una alternativa habitacional a quienes pierden su hogar y no cuentan con recursos para acceder a otro alojamiento. De esta manera, defiende que un desahucio no tenga por qué traducirse en una situación de desamparo. El pronunciamiento de Bernardos llega después de que el desahucio de María del Carmen Abascal, de 87 años, haya generado una fuerte repercusión social y política. La mujer fue desalojada el 23 de septiembre de la vivienda del distrito madrileño de Retiro en la que había residido durante décadas y trasladada posteriormente al hospital, donde falleció en octubre. Su caso reabrió el debate sobre la protección de los inquilinos vulnerables y la respuesta de las administraciones ante los lanzamientos. En su artículo, Bernardos también examina la historia del contrato de alquiler de Maricarmen, las condiciones de la denominada renta antigua y las circunstancias que desembocaron en el procedimiento judicial. Además, cuestiona la decisión de ejecutar el desahucio y sostiene que la existencia de alternativas públicas habría permitido abordar la situación de otra manera. El economista concluye que la protección de las personas vulnerables debe corresponder al Estado del bienestar y no depender exclusivamente de las decisiones particulares de propietarios o empresas. Su crítica vuelve así a situar la escasez de vivienda pública en el centro de un debate que ha adquirido especial relevancia tras el caso de Maricarmen.